El Decreto 83/2015 del 14 de diciembre de 2015, es el instrumento mediante el cual durante la presidencia de Mauricio Macri éste designaba en comisión dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina: Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti.[1] El nombramiento de dichos jueces se efectuó durante el receso legislativo y sin haber convocado a sesión extraordinaria, por lo tanto sin acuerdo del Senado. Las designaciones duran hasta "el final de la próxima legislatura”, tiempo en el que el Senado decide sobre su confirmación o revocación; en cualquier caso, deberán permanecer en el cargo hasta el «final de dicho período legislativo en caso de no obtener dicho acuerdo».[2] El decreto, en su artículo 2º, también dispone que debe darse inmediato comienzo al trámite para solicitar al Senado la designación definitiva de ambos magistrados.[2]
Los fundamentos del decreto invocan entre otras normas el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución argentina. La norma generó una polémica referida según el caso a su oportunidad, a la calidad de los dos candidatos propuestos o a su constitucionalidad. Recibió críticas de políticos y juristas de buena parte del arco político;[3] aunque también varios constitucionalistas se pronunciaron por su validez legal.[4][5][6]
Luego de la polémica pública,[3] y la inclusión de este tema como uno de los motivos de la marcha del 17 de diciembre,[7] la jura de los jueces fue postergada por acuerdo de los poderes ejecutivo y judicial.[8] Unos días después, el juez federal Alejo Ramos Padilla falló a favor de una medida cautelar que frenó las designaciones, argumentando "gravedad institucional" y urgencia (ya que solo restaba la jura), la violación de los derechos adquiridos del pueblo mediante el decreto 222/03 a realizar objeciones, y las incongruencias de los fundamentos del decreto que los designaba. En tanto que la Cámara de Diputados recibió más de 200 pedidos de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema por avalar la medida.[9]
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