Detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado en Argentina | ||
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Parte de Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980 | ||
Localización | ||
País | Argentina | |
Datos generales | ||
Tipo | Desaparición forzada | |
Organizador | Proceso de Reorganización Nacional | |
Causa |
Represión política Contrainsurgencia | |
Objetivo | Activistas, sindicalistas, guerrilleros, artistas, periodistas, sacerdotes y opositores | |
Histórico | ||
Fecha de inicio | 1976 | |
Fecha de fin | 1983 | |
Las personas desaparecidas por el terrorismo de Estado en Argentina son víctimas del crimen de desaparición forzada antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar que hubo en Argentina, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, entre 1976 y 1983. Encerradas en centros clandestinos de detención, eran sometidas a torturas y en muchos casos asesinadas. Las primeras desapariciones y los primeros centros clandestinos de detención se instalaron en 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, y continuaron hasta 1984, durante el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín.[1][2]
Documentos del gobierno de Estados Unidos desclasificados en 2006 revelan que un agente de la inteligencia chilena habría manifestado, en un cable enviado a sus superiores en 1978, que militares argentinos pertenecientes al Batallón 601 le habrían manifestado que estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978. Por la misma fecha, y según los mismos documentos desclasificados, el entonces embajador en Buenos Aires, Robert Hill habría manifestado: "Es nuestra estimación que al menos varios miles fueron asesinados y dudamos que alguna vez sea posible establecer una cifra más específica".[3]
Tradicionalmente los organismos de izquierda que incluyen organismos de derechos humanos, sindicatos y la mayoría de los partidos políticos de izquierda, aseguran que la cantidad de desapariciones en un número abierto de 30 000 personas.[4][5] En una carta escrita en 2009 por Eduardo Luis Duhalde (secretario de Derechos Humanos de la Nación), él utilizaba este número como el resultado de diversas variables tenidas en cuenta para su valoración, entre las que se encuentran por ejemplo la cantidad de centros de detención y exterminio, el número proporcional de habeas corpus presentados y los dichos de los propios militares.[6][7] Aseguraba que "la cifra de 30 000 no es ni arbitraria ni caprichosa, aunque es lamentable reducir la dimensión de la tragedia argentina a un problema contable" ya que "el carácter masivo, criminal y abyecto no se mide por un resultado aritmético, al menos para los que creemos que cuando se asesina un hombre se está asesinando a la humanidad".[6][8]
Por el contrario, lo que suele usarse de fundamento para la afirmación de que se habría exagerado el número por los exiliados, el ex montonero Luis Labraña, quien dijo haber "inventado" el número de los 30.000 para lograr que la represión de la dictadura fuera reconocida como genocidio por los organismos internacionales.[9]
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