El imperio de la ley es un concepto jurídico-político de definición formal no unívoca,[1] pero que generalmente se entiende en el sentido de la primacía de la ley sobre cualquier otro principio gubernativo, especialmente contra la tiranía y la arbitrariedad del poder político —«El Estado soy yo»—, incluso aunque fueran bienintencionadas —principio de razón de Estado, opuesto a las máximas romanas dura lex, sed lex o fiat iustitia, et pereat mundus—.[2] En cierto sentido, el concepto de imperio de la ley es similar al concepto helénico nomos basileus (‘la ley es el rey’) o al anglosajón rule of law, pero no debe confundirse con otros, como los germánicos Rechtsstaat —Estado de derecho—,[3] y Verfassungsstaat —Estado constitucional de derecho—, con el principio de legalidad o con los conceptos de legitimidad, legalidad, cultura de la legalidad, gobernanza, etc.
El imperio de la ley ha sido descrito como un principio meta-jurídico o un ideal ético-político.[4]
La vieja aspiración histórica a establecer un «gobierno de leyes»... dio lugar en la cultura jurídica europea al ideal de imperio de la ley o rule of law, que es quizá la piedra angular en que se sustenta la legitimidad de nuestros ordenamientos jurídicos vigentes.[5]
Una denominación etimológicamente equivalente sería nomocracia.[6] Entendido como principio o supremacía constitucional, el imperio de la ley significa la sujeción de la acción estatal a una regla o ley fundamental: la Constitución.
El constitucionalismo clásico (constitucionalismo inicial) - Dicha etapa se gestará laxamente a partir del siglo XIII y se prolongará hasta parte del siglo XIX. Esta expresa en sí misma los orígenes o inicios del constitucionalismo forjado para derrotar al absolutismo monárquico. Néstor Pedro Sagues señala que dicha modalidad se dirigía a racionalizar el poder político creando la imagen de la nomocracia o gobierno de las leyes, es decir que para considerar cualquier acto del Estado como válido y legítimo, este debía derivarse de una competencia previamente prevista en la constitución.[7]
Tal concepto o principio regula el ordenamiento jurídico de un país o sociedad; y, a pesar de que se aplica especialmente al Estado y sus funcionarios, se entiende que debe ser de observación general, seguido por todos.[8]
Varias son las definiciones que sobre el imperio más ambiguo del mundo —el Imperio de la Ley— ha ofrecido la teoría del derecho, entre otras, la bella cita de Enrique VI de Inglaterra: “La ley es lo más inherente al rey, porque por la ley, él mismo y todos sus sujetos son reglados y si la ley no existiera, nulo rey y nula su inherencia será”.... Tocqueville definía a la soberanía popular como “Ley de leyes” y, alejándose de su característico individualismo, dio un carácter más republicano a su idea del Imperio de la Ley.
Pero el imperio de la ley es más que un conjunto de instituciones, más que una constitución y un código. De hecho, tal vez el componente más importante del imperio de la ley sea su representación en las culturas del país. Reconociendo que las instituciones son importantes, Krygier (1990, 646, subrayado en el original) destaca "algo mucho más vago pero fundamentalmente más importante: un supuesto generalizado dentro de la sociedad de que la ley importa y debe importar". Para comprender de qué manera funciona un sistema político o jurídico se requiere siempre mucho más que comprender la estructura y la función de las instituciones, pero cuando se trata de comprender el significado del imperio de la ley en un país, la cultura es lo más importante.