Una política de tolerancia cero es aquella que impone un pena por cada infracción de una norma establecida.[1][2][3] Las políticas de tolerancia cero prohíben a las personas en posiciones de autoridad ejercer la discreción o cambiar los castigos para adaptarlos a las circunstancias de forma subjetiva; están obligados a imponer un castigo predeterminado independientemente de la culpabilidad individual, las circunstancias atenuantes o el historial. Este castigo predeterminado, ya sea leve o severo, se aplica siempre.
Las políticas de tolerancia cero se estudian en criminología y son comunes en los sistemas policiales formales e informales de todo el mundo. Las políticas también aparecen en situaciones informales en las que puede haber acoso sexual o uso indebido de Internet en entornos educativos y laborales. En 2014, el encarcelamiento masivo en Estados Unidos basado en delitos menores ha dado lugar a una protesta sobre el uso de la tolerancia cero en las escuelas y comunidades.[4][5]
Hay pocas pruebas que respalden la supuesta eficacia de las políticas de tolerancia cero.[6] Un problema subyacente es que hay muchas razones por las que las personas dudan en intervenir o en denunciar un comportamiento que consideran inaceptable o ilegal. Las políticas de tolerancia cero abordan, en el mejor de los casos, sólo algunas de estas razones.[7]